Expertos internacionales se oponen a proyecto de ley que rescataría tesoros y naufragios.
El proyecto de ley de patrimonio sumergido, que mañana tiene audiencia pública en la Cámara de Representantes, sigue agitándose. Esta vez son ocho expertos internacionales los que se oponen a esta iniciativa, que busca regular el rescate de naufragios y tesoros bajo el mar. (Siga este enlace para leer: comunicado frente a tema patrimonio cultural sumergido).
El proyecto plantea que se les pueda pagar a las exploradoras marinas con parte de lo que rescaten y no se considere patrimonio, según lo decida una comisión creada en el proyecto.
Las voces en contra vienen de México, Australia, España, Chile y Reino Unido, y aseguran que este "promueve la piratería de bienes culturales". Son académicos que habían participado en el 2010 y el 2011 en encuentros sobre arqueología subacuática en Colombia y firman una carta que conoció EL TIEMPO. Se suman a las de directivos de universidades colombianas que también la suscriben.
Su desacuerdo radica en que la propuesta del Gobierno contempla el criterio de repetición, es decir, que las piezas como monedas de oro y plata o piedras preciosas que estén repetidas pueden servir como pago a los rescatistas.
"La posibilidad de hallar y comerciar lingotes, monedas y joyas de oro, plata y piedras preciosas en los restos de los naufragios es el objetivo de un gran negocio por el que compiten empresas de cazatesoros conformadas mayoritariamente por inversionistas norteamericanos", dice el documento, firmado por personalidades como Xavier Nieto Prieto, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España, o Mark Staniforth, director de investigaciones del Proyecto de protección de naufragios históricos de Australia, entre otros.
Es la primera vez que los arqueólogos señalan de forma vehemente que tras el proyecto de ley hay "intereses económicos". En el 2011 este proyecto causó dos renuncias: la de Emilio Piazinni, subdirector científico del Instituto de Antropología e Historia (Icahn) y la del exalcalde Jaime Castro, quien se apartó de la Comisión de Antigüedades Náufragas, entidad adscrita al Ministerio de Cultura.
Los cambios que ha tenido
Pero la iniciativa del Gobierno tampoco les gusta a las exploradoras marinas. Tanto Daniel de Narváez, representante de Professional Marine Explorers Society (que agrupa a varias de ellas) y quien ha participado en audiencias en el Congreso, como Burt Webber, representante de la firma Seaquest International LLC, habían dicho que no les favorece y que en otras legislaciones el porcentaje es del 50 por ciento de lo rescatado.
El proyecto original establecía una retribución de entre 10 y 25 por ciento para las exploradoras, pero después del primer debate en la Cámara de Representantes se aprobó que les pagarán con el 50 por ciento de lo que hallen y no tenga valor patrimonial.
Por eso, a los arqueólogos les llama la atención que el porcentaje que sugerían los representantes de las exploradoras sea "precisamente" el mismo que se introdujo en las modificaciones del Congreso.
"En su versión inicial, el proyecto de ley ya resultaba inconstitucional, pero el pliego de modificaciones introdujo elementos que profundizan en una situación claramente irregular", dice la carta.
La representante a la Cámara Juana Carolina Londoño dijo en su momento que trató de equilibrar las cargas en torno del tema.
El proyecto irá a segundo debate en la Cámara, pero EL TIEMPO conoció que está siendo modificado. El cambio más importante, que aún no está en firme, será eliminar la Comisión de Patrimonio Sumergido, que se encargaría de decir qué no es patrimonio.
"Como la ley ya define explícitamente que los lingotes, monedas y piedras preciosas no son patrimonio, la existencia de esa comisión no tendría mucho sentido", dice el subdirector del Icahn, Ernesto Montenegro.
Para los arqueólogos, sobre esa comisión "se ejercerán todo tipo de presiones para que declare la mayor cantidad posible de objetos repetidos y haga así del negocio algo muy rentable".
La ministra de Cultura, Mariana Garcés, aseguró que el Gobierno irá al segundo debate insistiendo en el concepto del criterio de repetición, y sacará adelante el proyecto, que es el cuarto que se presenta al Congreso en los últimos 9 años para regular el patrimonio subacuático.
Critican a la Comisión de Antigüedades
En la carta advierten que en la Comisión de Antigüedades Náufragas, que asesora al Gobierno para coordinar estudios y rescates, "llegaron a participar representantes de los intereses de empresas cazatesoros". Fabio Echeverri, uno de sus miembros, ha sido señalado como supuesto asesor de una empresa que intentó rescatar el galeón San José en los años 80. Él lo ha negado.